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Propuesta 2: Permitir la suspensión completa o parcial de las pensiones a servidores públicos que sean condenados por ciertos delitos

La enmienda propuesta a la Sección 7 del Artículo 5 de la Constitución Estatal le permitiría a un tribunal reducir o revocar la pensión pagada con fondos públicos de un funcionario público que queda condenado por un delito grave que tiene una relación directa y real con el desempeño de las funciones existentes de dicho funcionario público. ¿Se debe aprobar la enmienda propuesta?

Actualmente, la Constitución del estado de Nueva York protege las pensiones de los funcionarios públicos incluso cuando han sido condenados por delitos graves. Esta enmienda constitucional le permitiría a un tribunal reducir o revocar la pensión de un funcionario público después de que él o ella haya sido condenado por un delito relacionado directamente con el desempeño de su trabajo. El tribunal celebraría una audiencia para considerar la gravedad del crimen y determinar si la pérdida de la pensión conllevaría dificultades significativas para los dependientes del funcionario público.

Si la mayoría de los neoyorquinos vota SÍ, la legislatura redactará la ley para poner en vigencia esta propuesta y sólo se aplicaría a los crímenes cometidos a partir del 1º de enero de 2018.

Los "funcionarios públicos" que abarca esta enmienda son:

  • Funcionarios electos dentro del estado;
  • Funcionarios nombrados por el gobernador;
  • Gerentes y directores financieros de condados, ciudades, pueblos y aldeas;
  • Jefes de departamentos, divisiones, juntas, comisiones, agencias, corporaciones de beneficio público y autoridades públicas tanto del gobierno local como del gobierno estatal;
  • Jueces del sistema judicial estatal; y
  • Empleados estatales designados por la ley como responsables de crear leyes.

Razones para votar SÍ

  • Un funcionario público que ha cometido un delito grave relacionado a su trabajo ha violado la confianza de sus electores y no merece tener una pensión financiada por los contribuyentes.
  • Habrá menos probabilidad de que un funcionario cometa un crimen si sabe que corre el riesgo de perder su pensión.

Razones para votar No

  • Los funcionarios convictos ya son castigados por sus crímenes bajo la ley, y no deben ser castigados una segunda vez al revocarse o reducirse su pensión.
  • Esta enmienda no es suficiente. Debería aplicarse a todos los empleados públicos estatales y locales, no sólo a funcionarios de alto nivel, ya sean electos o nombrados. Todo funcionario público condenado por un delito grave relacionado a su trabajo debe perder su pensión.

Declaraciones a favor de la propuesta

Citizens Union

Citizens Union pide un voto de "sí" para permitir que un tribunal reduzca o anule la pensión de un funcionario público condenado por corrupción. Bajo esta ley, el tribunal debe tener en cuenta ciertos factores al tomar su decisión, entre ellos la gravedad del delito y la proporcionalidad de la eliminación de la pensión con ese delito. También tendría que considerar si esa pérdida le crea excesive onerosidad al cónyuge o a la familia del funcionario. Los empleados públicos tienen puestos de confianza y, por lo tanto, se les debe juzgar con un criterio ético más elevado si usan sus puestos para cometer crímenes con fondos públicos o ejercen una influencia indebida. No es apropiado permitir que los funcionarios que abusan de la confianza de los electores reciban una pensión pública que es financiada por los mismos contribuyentes. Esta propuesta de enmienda crea un procedimiento justo para que un tribunal determine si se debe eliminar y hasta que alcance debe eliminarse la pensión lo cual enviaría un fuerte mensaje a los funcionarios públicos para que entiendan que deben servir a los electores y no a sí mismos, y que ningún tipo de corrupción será tolerada.

Common Cause/NY; Susan Lerner, Directora Ejecutiva

Common Cause / NY respalda la Propuesta 2, la cual llenaría un vacío legal en la actual legislación ética del estado de Nueva York. La Propuesta 2 generaría una enmienda en nuestra constitución estatal para permitir que un tribunal reduzca o revoque la pensión pública de cualquier funcionario público condenado por delitos graves relacionados con sus deberes públicos (es decir, corrupción pública). Según la ley actual, cualquier funcionario público que ha participado en el sistema estatal de pensiones antes de noviembre de 2011 puede continuar recibiendo estos beneficios pagados por los contribuyentes, independientemente de cuán atroz sea el incumplimiento de sus deberes o la violación de su juramento. Hay veintitrés estados que ya tienen disposiciones para suspender pensiones; sin embargo, ningún otro estado tiene una exención tan amplia y ventajosa para los funcionarios públicos activos. Common Cause / NY insta a votar SÍ por la Proposición 2.

Partido Conservador del Estado de Nueva York

La Constitución actual de Nueva York estipula que no se pueden reducir ni perjudicar los beneficios de un sistema público de pensiones o de jubilación. El objetivo de la enmienda propuesta es permitir que un tribunal reduzca o revoque la pensión pública de un funcionario público que es condenado por un delito grave directamente relacionado con el desempeño de su trabajo. Un tribunal podría considerar muchos factores, incluidas las posibles dificultades para la familia y la gravedad del delito. De ser aprobada la propuesta, la legislatura promulgará una ley para aplicarla. Todos los funcionarios públicos, hayan sido elegidos o nombrados, estarían sujetos a la nueva ley, incluidos los empleados del poder legislativo, ejecutivo o judicial que están directamente involucrados en la creación de leyes, normas, reglamentos, políticas o decisiones judiciales y que sean designados por ley como legisladores. La propuesta solo se aplicaría a delitos graves cometidos después del 1º de enero de 2018.

Liga de mujeres votantes del estado de Nueva York (League of Women Voters of New York State)

La Liga de mujeres votantes apoya la propuesta de enmienda constitucional que permita la suspensión completa o parcial de las pensiones a servidores públicos si son condenados por ciertos delitos. Después de una gran cantidad de cargos por corrupción a niveles estatal y local, la Liga cree que este cambio es necesario para disuadir a los funcionarios de que cometan comportamientos no éticos. Aunque las familias de estos individuos puedan depender de la pensión de su cónyuge o padre, los jueces tendrán discreción para decidir si un delito justifica o no la suspensión completa o parcial. Los delitos elegibles para la suspensión de las pensiones incluirían solo aquellos relacionados con el desempeño oficial del funcionario.

Represent Us NY

Represent.Us NY es una organización imparcial que lucha contra la corrupción y que tiene oficinas en todo el país. Nuestros objetivos incluyen detener el soborno político “legal”, poner fin a las negociaciones secretas y arreglar nuestros problemas electorales, todo esto como un esfuerzo por devolver el poder a las manos del pueblo estadounidense. Por lo tanto, apoyamos la Propuesta 2, que conlleva consecuencias necesarias para los funcionarios públicos que violan la confianza del público de manera criminal.

En esta última década, más de 30 funcionarios electos del estado de Nueva York han sido condenados, sancionados o acusados ​​de irregularidades relacionadas con la corrupción, incluido el ex presidente de la Asamblea estatal Sheldon Silver y el ex presidente del Senado estatal, Dean Skelos. Desafortunadamente, la mayoría de los funcionarios del gobierno todavía pueden cobrar sus pensiones financiadas por los contribuyentes, incluso si son condenados por delitos relacionados con su cargo. Esta enmienda llenaría ese vacío legal. Por lo tanto, apoyamos esta enmienda constitucional e instamos a los votantes a votar SÍ para evitar que el dinero de los contribuyentes sea entregado a políticos corruptos.

Declaraciones en contra de la propuesta

Andrew S. Fisher, abogado

A menos que haya una prueba de la existencia de una carrera de corrupción que cubra el periodo en el que se estaba ganando el derecho a la pensión, una multa así sería cruel y no sería conforme a la protección otorgada a los derechos de pensión de las personas empleadas en industrias y puestos no gubernamentales condenadas por delitos similares de falta de honestidad, como soborno comercial y robo.